Cuarta. La segunda denuncia del PP
El PP también ha denunciado un presunto caso de conflicto de intereses y tráfico de influencias porque considera que dos cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez en julio de 2020 como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense a favor de una compañía presidida por el empresario tecnológico Carlos Barrabés han sido clave en sendas ayudas públicas logradas por este para realizar cursos para jóvenes y desempleados por 4,8 millones y 3,6 millones. Las ayudas las otorgó en 2021 la entidad pública Red.es, dependiente entonces del Ministerio de Economía y ahora del Ministerio para la Transformación Digital. Estas cartas aportadas por el empresario Barrabés —quien incluyó otras 31 idénticas en ambos procesos, entre ellas dos firmadas por el Ayuntamiento de Madrid (PP)— fueron publicadas por El Confidencial a principios de este mes de abril.
Gómez entra por primera vez a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid en septiembre de 2014, tres meses después de que Pedro Sánchez fuera elegido secretario general del PSOE. Gómez codirige desde su creación —también en 2014— el Máster Propio de Fundraising [captación de fondos], relacionado con su profesión. Cinco años después, en 2019, la Complutense crea la Cátedra de Transformación Social Competitiva.
Aunque en España se les llame cátedras, se trata de iniciativas de investigación o de trabajo académico subvencionados. La Complutense cuenta en 2024 con más de 50. Todas tienen director/a de cátedra, que siempre será un profesor/a de la universidad, no necesariamente un catedrático/a. Para ponerlas en marcha se requieren habitualmente 30.000 euros que provienen de patrocinadores. De estos 30.000 euros, el 10% se lo queda la propia universidad. Los dos patrocinadores de la cátedra que codirige Gómez son la Fundación La Caixa y Reale Seguros, que firmaron en octubre de 2020 un acuerdo con la Complutense por cuatro años (finaliza en octubre de 2024) a razón de 15.000 euros anuales cada una.
Tercera. Noviembre de 2020. Rescate a Air Europa
La pandemia y el confinamiento frenaron en seco el transporte aéreo en el mundo. Sin turismo, Air Europa, que pertenece a Globalia y que cuenta con 14.000 empleos directos, fue rescatada por el Gobierno de Sánchez en noviembre de 2020 con 475 millones de euros a devolver en seis años. Este préstamo siguió los mismos cauces que los concedidos a otras compañías aéreas rescatadas de urgencia por la crisis del coronavirus. La inyección fue autorizada por el Consejo de Ministros el martes 3 de noviembre de 2020. El PP considera que Sánchez debería haberse inhibido por los vínculos entre Wakalua, que depende de Globalia, y Gómez, que presidió un centro de estudios de IE University (Africa Center) y firmó un acuerdo con Wakalua. Los populares creen que aquí existe un posible conflicto de interés y acudieron a denunciarlo ante la Oficina Pública de Conflicto de Intereses, creada en 2006 y dirigida desde 2007 por Flor María López Laguna. Esta contestó al PP, en un documento fechado en marzo, que la esposa de Sánchez “no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en estas entidades”. Desestimó el caso.
La ayuda a Air Europa se llevó a cabo a cuenta del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado en julio de ese año por el Gobierno, para paliar el impacto de la pandemia en empresas clave y estratégicas. La operación se realizó mediante un préstamo participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones. Air Europa también obtuvo durante el año del confinamiento un préstamo de 140 millones avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). No fue la única aerolínea que recibió ayuda. En total, el fondo destinó 740 millones para Air Europa, Volotea, Air Nostrum y Plus Ultra, que también recibieron préstamos del ICO.