Ocho claves sobre los trabajos de Begoña Gómez
Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, está en el foco del debate político desde hace semanas a cuenta de las embestidas del PP. La formación de Alberto Núñez Feijóo lidera una ofensiva contra el matrimonio, al que acusa de conflicto de intereses y tráfico de influencias en los préstamos y ayudas públicas concedidos por el Ejecutivo central a tres empresas que han tenido algún vínculo con los centros de estudios donde ha trabajado Gómez. “La mujer del presidente tendrá que dar cuentas de sus actividades empresariales y económicas que consigue posteriormente a ser la mujer del presidente. Pero el problema es el conflicto de intereses de su marido”, dijo Feijóo a principios de abril. Para localizar estos nexos supuestamente corruptos que denuncia el PP hay que remontarse a 2018. Esta es una reconstrucción de los hechos conocidos, divididos en ocho claves.
Séptima. Así se otorgaron las ayudas
Las ayudas otorgadas por Red.es a esta UTE ascendieron a 8,3 millones (sin IVA) para formaciones a desempleados. Se presentaron al concurso hasta 20 empresas. Según la información recabada por EL PAÍS, estas cartas de recomendación supusieron, junto a otros elementos, el 8% de la nota final. Ninguna empresa recurrió el concurso. Para la valoración de las ayudas, el pliego indicaba un 40% de valoración subjetiva y un 60% de oferta económica.
El acta de la Mesa de contratación se reunió en abril de 2021 y reconoce que no se elevó cuestión alguna relacionada con conflictos de intereses. En la valoración que hace de estas cartas no se cita la recomendación firmada por Gómez pero sí la de empresas relacionadas con el ámbito tecnológico, como Microsoft, IBM y Orange, entre otras: “Proporcionando a su propuesta una gran fortaleza desde el punto de vista de la inserción laboral”.
La adjudicación de las ayudas fue aprobada en abril de 2021 por el consejo de administración de Red.es, quien apoyó de esa manera la evaluación técnica hecha por la mesa de contratación de la entidad, formada por un presidente, un secretario, un vocal jurídico, otro económico y dos técnicos. La adjudicación de las ayudas nunca pasó por el Consejo de Ministros. Este órgano solo aprobó, un año antes, la convocatoria del concurso para conceder esas ayudas. Aunque el PP denuncia que Sánchez debería haberse inhibido, el presidente del Gobierno no participó en ningún momento en la propuesta de adjudicación de las ayudas y no podía saber que a la licitación que autorizó el Consejo de Ministros se iba a presentar meses después la oferta de una Unión Temporal de Empresas en la que incluirían dos cartas de apoyo, junto a otras 62, firmadas por su esposa.