Corrupción
Zaplana se enfrenta al juicio por el caso Erial cinco años después de su excarcelación
La fiscalía le pide 19 años de cárcel y le acusa de ser el cabecilla de una trama que habría obtenido mordidas de concesiones durante su etapa como presidente de la Generalitat Valenciana.
El ex presidente de la Generalitat valenciana y ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, se sienta hoy, 21 de marzo, por fin, en el banquillo de los acusados. Será el tercer intento de arrancar el juicio, tras ser aplazado el pasado enero por enfermedad del fiscal, y en febrero por enfermedad del abogado del expresidente. Si ningún oportuno problema de salud dilata más el arranque de las sesiones, el expolítico se enfrentará a la justicia siendo señalado por las investigaciones policiales como el epicentro de una trama destinada al cobro de comisiones derivadas de las concesiones de la ITV y los parques eólicos en el País Valencià.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 19 años de prisión para el expolítico del PP, por cargos como pertenencia a organización criminal, blanqueo, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa. Además, estima el botín de las presuntas mordidas en 20,6 millones de euros. El fiscal Pablo Ponce asegura en su escrito de acusación que el exministro, tras abandonar la política, “realizó los actos necesarios para ocultar el origen del patrimonio ilícitamente obtenido para su posterior disfrute a través de sociedades y testaferros”.
La instrucción judicial ha podido acreditar una fortuna oculta en paraísos fiscales supuestamente blanqueados a través de una compleja lavadora internacional que pasaba por países como Luxemburgo, Suiza, Panamá, Andorra o Uruguay
El escrito de la fiscalía señala que, durante su “extensa carrera política”, Zaplana “formó un grupo de personas cercanas con la finalidad de obtener beneficios ilícitos gracias a su posición institucional y de gobierno”. La instrucción judicial ha podido acreditar una fortuna oculta en paraísos fiscales supuestamente blanqueados a través de una compleja lavadora internacional que pasaba por países como Luxemburgo, Suiza, Panamá, Andorra o Uruguay, entre otros destinos.
Eduardo Zaplana pedirá el jueves en Valencia que lo juzgue otro tribunal en la Audiencia Nacional
Eduardo Zaplana se sentará este jueves en el banquillo de los acusados para afrontar la primera sesión del juicio de la Operación Erial, el caso por el que fue arrestado el exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana del PP en 2018. Y empezará sin la presencia de su principal abogado, el exfiscal Daniel Campos, que está aquejado de una dolencia cardíaca tras ser intervenido de urgencia.
La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha decidido finalmente mantener la fecha prevista para el inicio de este juicio, aunque es muy probable que en esta primera sesión se solicite formalmente un nuevo aplazamiento o suspensión del juicio.
La decisión se conocerá el mismo jueves y Zaplana rearma su estrategia para desmontar las principales pruebas y sacar el caso de Valencia. Los nuevos letrados del expresidente valenciano plantearán en el trámite de cuestiones previas un conflicto de competencias para que el histórico dirigente del PP sea juzgado por otro tribunal de la Audiencia Nacional, en Madrid.
Los hechos, según el relato de la Fiscalía Anticorrupción, ocurrieron fuera de España y esto podría comportar que las defensas pidan que el juicio se celebre con otro tribunal, según confirmaron fuentes judiciales a EL ESPAÑOL. Así, solicitarán al tribunal que suspenda las vistas y se inhiba a favor de la Audiencia Nacional.
Entre los argumentos que los acusados defenderán para justificar sacar el caso de Valencia está que las sociedades investigadas se encuentran en Luxemburgo, Suiza y Andorra, ningún hecho delictivo ocurre en Valencia y no figura ningún conseller acusado por las adjudicaciones supuestamente amañadas.
Las peticiones de condena para Zaplana y resto de acusados
La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años de prisión para Zaplana como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las estaciones de ITV valencianas.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público pide el decomiso de 20,6 millones de euros -de los cuales 6,7 ya han sido transferidos a la oficina de recuperación de activos ORGA-, cantidad de la que supuestamente se apropiaron tanto Zaplana como otros catorce procesados, en una operativa de mordidas que se desviaron a paraísos fiscales.
Junto a Zaplana, el fiscal dirige su acusación contra sus colaboradores Joaquín Barceló (al que pide 8 años), Francisco Grau (8), Juan Francisco García (14), Mitsouko Henríquez (8); los empresarios Vicente y José Cotino (14); y el expresident José Luis Olivas (6).
También contra Saturnino y Elvira Suances (5), Francisco Pérez López (7), Pedro Romero (5), Robert Bataouche (5), Ángel Salas (5) y Carlos Rodríguez (5), y las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras.