El Destino de la Novia de Miguel Ángel Blanco - Entre Tragedia y Recuerdo

La llegada de los coches bomba

El 71 % de los participantes votaron a favor. Su lógica se resumía en perseguir a quienes públicamente discrepaban de los terroristas, empujándolos a que salieran del funeral de un compañero pensando que podían ser los siguientes. La primera víctima de la nueva estrategia fue Gregorio Ordóñez, teniente alcalde de San Sebastián, en enero de 1995. Después, José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, entonces uno de los jefes de ETA, transmitió a varios comandos la orden de secuestrar a un concejal del Partido Popular para forzar la negociación acerca de los presos.

Con Miguel Ángel Blanco las víctimas, por fin, se humanizaron. Los mecanismos de construcción del enemigo empleados por la izquierda radical abertzale pasaban necesariamente por la deshumanización de las víctimas: los asesinados no eran personas con nombre y apellidos, sino enemigos del pueblo vasco. El proceso podía pasar por varios estadios –la animalización, la estigmatización, la exclusión moral o la violencia de persecución– hasta que, una vez consumado el asesinato, se ponía en marcha un último giro: la inversión de responsabilidad, es decir, la víctima era responsable de su propia muerte al amparo del extendido “algo habrá hecho”.

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En la resolución en la que el Tribunal de París accede a ampliar esa entrega, la Sala deja constancia de la oposición de "Anboto" a la medida. Su defensa argumentó que "la naturaleza, calificación jurídica, fecha, lugar y circunstancias del delito y el grado de participación en el mismo" de la exjefa de la banda terrorista era "imprecisa", contraviniendo lo dispuesto al respecto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal francesa.

Sin embargo, la Justicia francesa concluyó que la petición de la Audiencia Nacional sí cumplía con los requisitos que impone la legislación procesal gala. Y aunque en ese escrito el tribunal precisa que no le corresponde pronunciarse sobre el "valor probatorio de las pruebas" contra "Anboto" en la causa abierta contra ella por el juez español -dado que el procedimiento de entrega de la orden de detención europea, recuerda, "se basa en el principio de confianza mutua"-, sí deja claro que su supuesto "grado de participación" está "particularmente bien acreditado" en la petición cursada por nuestro país.

El tribunal expone que, según la documentación remitida por España, el grado de implicación de la exjefa de ETA en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco "se desprende de su condición de principal responsable" de los comandos "legales" de ETA en el momento de los hechos, y en particular del "comando Kattu", que "estaba operativo en ese momento". "La responsabilidad de estos comandos -añade haciendo alusión a la orden europea de detención- implicaba coordinar a sus miembros: organizar la entrega de armas y explosivos, determinar los objetivos de los atentados y dirigir las acciones terroristas".

La exjefa de ETA "Anboto" ve "imprecisa" su imputación por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco

La exdirigente etarra Soledad Iparraguirre,

Ricardo Coarasa

QUÉ PEDÍA ETA

La puntualidad habitual de Blanco provocó sospechas en los compañeros de trabajo del concejal cuando no lo vieron aparecer. Además, ese día Miguel Ángel tenía una cita con un cliente.

Media hora después de su secuestro, una llamada anónima grita esto a una de las secretarias del entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja: ″¡Hijos de puta, lo de Ortega Lara lo vais a pagar. ¡Gora Euskadi Askatuta!”.

Pocos minutos después, el diario Egin publica un comunicado de ETA anunciando el secuestro de Blanco y las exigencias de los terroristas a cambio de su liberación: acercar a los centenares de presos etarras a las cárceles vascas. En caso contrario, a las 16:00 horas del sábado 12 de julio acabarían con su vida.

Sobre las 18:00 horas, los responsables de este periódico llamaron a la Ertzaintza y al PP en Bilbao, comunicándoles el secuestro.

El Gobierno, entonces presidido por José María Aznar, se negó a aceptar lo que calificaron como un “chantaje” para obligarles a cambiar de política penitenciaria.

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